ÁREAS PROTEGIDAS ARGENTINAS
Argentina es uno de los
primeros países en establecer Parques Nacionales naturales, el primer Parque
Nacional se origina el 6 de noviembre de 1903 a partir de la donación que hizo
el Dr. Francisco Pascasio Moreno de un extenso y bello territorio a orillas del
lago Nahuel Huapi. Tal territorio le había sido asignado a Moreno por el estado
nacional como premio a sus servicios. Moreno, en lugar de quedárselo como una
estancia, decidió devolverlo al Estado. Con el objetivo que se conserve la
propiedad con estos lugares excepcionalmente hermosos para el mejor provecho de
las generaciones presentes y venideras. De esta manera realizar la devolución de
este territorio a la población originaria de la región y con ella, también, a
toda la Nación Argentina.
El 1 de febrero de 1904
al ser aceptado el legado de F.P. Moreno la República Argentina resultó ser el
tercer país de toda América en crear un Parque nacional y el primero en
Sudamérica (hasta entonces, en 1872 se había creado el primer Parque Nacional
“Yellowstone” en Estados Unidos de Norteamérica y en 1885, el Parque Nacional
“Banf”, en Alberta, Canadá aún colonia o dominio del Reino Unido). En 1928 se
establece el primer cuerpo de guarda parques de 7 personas destinados al Parque
Nacional.
Mientras que el proceso
de implementación del primer parque nacional continuaba sus trámites
administrativos, en 1920 el presidente Hipólito Yrigoyen decretó que se ampliaría
las áreas a resguardar incluyendo la adquisición de unas 75.000 ha. en torno a
las Cataratas del Iguazú en donde se crearía el "Parque Nacional del
Norte" (actual Parque Nacional Iguazú) por el cual solicito a el
paisajista Carlos Thays que desarrolle el proyecto para la creación de este
segundo parque nacional.
Finalmente el primer
Parque Nacional fue delimitado en 1937 y llamado Parque Nacional del Sur, para
ser luego el actual Parque Nacional Nahuel Huapi. Dentro del decreto de
creación quedan establecidas las primeras medidas de protección, como prohibir
el corte de árboles, la caza de animales silvestres, la alteración de los
cursos de agua y todo acto que pueda afectar la naturaleza de la región.
A partir del 9 de octubre de 1934
mediante la Ley N° 12.103 se creó la Dirección de Parques Nacionales,
dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación y simultáneamente los
Parques Nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, durante la presidencia del Gral.
Agustín P. Justo. La ley original que reglamentó la organización,
administración y fiscalización de las áreas naturales protegidas se modificó
mediante las leyes N° 18.594 del 6 de febrero de 1970 y N° 22.351 del 15 de diciembre
de 1980, creándose la “Administración de Parques Nacionales” con sede en la
ciudad autónoma de Buenos Aires como la conocemos hoy. Con el objetivo de
proteger las mayores bellezas naturales del país – los lagos, bosques y
montañas de la Patagonia y las cataratas insertas en la selva subtropical de
Misiones –, se inicia en esa fecha la historia de las instituciones argentinas
dedicadas a la conservación de la naturaleza. Hoy el
Parque Nacional Nahuel Huapi abarca una extensión de 115.000 hectáreas en el
noroeste de la Provincia de Santa Cruz. Comprende una región montañosa cortada
por valles, algunos de los cuales se encuentran a más de 900 metros sobre el
nivel del mar.
Inicialmente la
política nacional una vez de aceptar la donación del Dr. Perito Moreno, orienta
a la creación de las áreas protegidas como estrategia de afirmación de la
soberanía territorial y al desarrollo regional de áreas de frontera y
periféricas, como en Patagonia. Impulsando en los parques nacionales la
actividad turística nacional e internacional, como principal motor de
desarrollo. Se realizaron fuertes inversiones en infraestructura vial de
transporte y hotelera. Recién en 1940 y 50 (Gobierno de presidente Perón),
fomento el desarrollo de la investigación sin abandonar el turismo y la defensa
de la soberanía. De esta manera se aprecia el valor científico de la
conservación de la flora y fauna, e impulsa el desarrollo de las Ciencias
Naturales en el País.
En 1970 se dicta la nueva Ley de Parques Nacionales N° 18594, que
establece categoría entre las áreas protegidas nacionales, cada una con
diferentes objetivos y normas de conservación. La autoridad de aplicación debía
delimitar correctamente las mismas en el terreno. La ocupación para las
actividades humanas debía estar acotadas a ciertas áreas y preservar en forma
estricta las áreas de parque nacional. Las provincias no tenían iniciativas autónomas
de creación de áreas protegidas pero algunos realizaron por su propia cuenta la
creación de áreas protegidas provinciales pero con poca capacidad técnica y
económica.
En Jurisdicción Provincial las primeras áreas protegidas datan de la
década del 30, la provincia de Tucumán establece la primera Reserva “ La
Florida” en 1936, por el impulso precursor regional de la Universidad de
Tucumán y el naturalista Miguel Lillo, profesor de la misma.
La Provincia de Jujuy establece su
primera área protegida en 1952 por decreto Provincial № 731 “Parque Provincial
Potrero de Yala” El PPY fue creado en 1952 mediante la expropiación del
Lote rural 228 A del Distrito de Yala. En el año 2000 se declara la zona como área
protegida mediante la Ley Provincial № 5203 constituyendo la Primera Área Protegida
de la Provincia de Jujuy (Dirección de Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2006). Las siguientes áreas
creadas fueron bajo el régimen de Dictadura Militar, como el primer Parque
Nacional “Parque Nacional Calilegua” creado en el año 1979. Este se origina por
la donación de tierras de la Provincia de Jujuy al Estado Nacional (Decreto-Ley
3586/78), para que estas fueran destinadas a la creación de un Parque Nacional.
quien aceptó la cesión a través del decreto ley del Poder Ejecutivo N° 1733 del
19 de julio del 79, con destino al Servicio Nacional de Parques Nacionales y
con afectación al sistema de la
Ley de Parques Nacionales.
Considerando los
párrafos anteriores podemos concluir claramente que la creación de Áreas Protegidas en argentina fue impulsada
por el Dr. Perito Moreno que amablemente entrego sus tierras para la
conservación de lugares únicos, esta motivación fue cambiando de acuerdo a las
políticas de estado y a la participación del país en distintas políticas
internacionales sobre la protección del ambiente. Algunas de estas políticas
han producido conflictos sociales al establecer las áreas protegidas.
Los mecanismos utilizados para la
creación de de Áreas Protegidas Nacionales en nuestro país, han estado
acompañadas por la política de expulsión de pobladores y la violación a los
derechos de los habitantes originarios del territorio, política que también se
llevó a cabo con aquellos pobladores criollos que habitaban dentro de las
unidades de conservación. Se suma a esta situación de opresión del estado, en el
contexto de dictadura militar. Esta política llevó al desarraigo, a la
limitación para el uso de los recursos y el ambiente que tradicionalmente
manejaban, y desestimó por completo sus necesidades afectando su supervivencia.
Estas políticas llevaron a la aplicación de un modelo aislacionista en el
manejo de las AP, sin tomar en cuenta la dinámica de los procesos
socio-económicos en el entorno regional que impidieron alcanzar con eficacia
los objetivos de conservación de las áreas (Carpinetti, 2005). Esto también se
puede observar al ver que no se considera la tenencia de la tierra en la mayoría
de las propuestas para incluir áreas en el Sistema de Parques Nacionales y
provinciales, de esta manera han creando conflictos socio- ambientales que se
identifican como la resistencia hacia la creación de nuevas áreas protegidas
todavía en ciertos lugares. Por ejemplo se encuentra gente que vive alrededor
de las áreas protegidas del norte argentino que no conocer el objetivo de
creación del área, no conocen los límites, no perciben ningún beneficio de las
mismas y las consideran una violación a los derechos de la gente de usar esas
tierras para fines productivos, de cacerías o extracción de otros recursos. Estas
políticas también muestran que muchas de las áreas protegidas se han
establecido sin un criterio científico apropiado, sino como consecuencia de
oportunidades políticas, por simple donación o uso de terrenos fiscales de
escaso valor económico (existen muchas áreas que protegen terrenos marginales, laderas
de montañas, cumbres montañosas, desiertos o glaciares, o sitios fragmentados).
En estos casos, la tarea de manejo o protección puede ser mucho más costosa debido
a que estas áreas no tiene un diseño adecuado que permita alcanzar los
objetivos de conservación.
Algunas áreas protegidas solo existen
en papel y hasta hoy no presentan planes de manejos, ni zonificación, ni
reglamentación sobre los usos de los recursos naturales, explotación, cacería y
no cuentan con infraestructura para recibir a los visitantes. Estos se llaman
parques de o en papel y es una situación muy común en Latinoamérica.
El país hoy está
participando en distintas políticas internacionales de protección del ambiente,
esto se ve reflejado en cambios en las políticas de creación y manejo de áreas
protegidas donde se incluye el desarrollo sustentable, el enfoque ecosistémico,
la participación de las comunidades locales en la planificación y manejo,
trabajo y equidad social, dinamizando las economías regionales. (Res. N°
142/2001 del Honorable Directorio Parques Nacionales). Bajo esta nueva
visión se planifica la conservación a largo plazo en cada Parque Nacional, lo
cual se expresa en los actuales planes de gestión y los planes operativos
anuales. (Plan de Gestión Institucional, 2001).
Sin dudas las Áreas
Protegidas son una estrategia de conservación efectiva, al reconoce que al
proteger un ecosistemas naturales también no solo sirven para proteger y
contener la biodiversidad sino que tienen innumerables beneficios para la
comunidad en forma de servicios ambientales (protección de cuencas, reducción
de erosión, control de clima local, polinización de cultivos y plantaciones,
etc.) y proporciona recursos (forrajes para animales no maderables, energía
hidroeléctrica, etc). Pero solas y aisladas su aporte será cada vez menor, por
lo cual hoy
tenemos como desafío ampliar las áreas de conservación. Para ello es imprescindible utilizar
nuevas herramientas como el Ordenamiento Territorial de la Masas Boscosas (Ley
Nacional N°22.331), mantener una conexión de áreas protegidas incluyendo áreas
de amortiguamiento, corredores biológicos, áreas transformadas en restauración e
incluir en los sistemas de áreas protegidas las propiedades privadas que dejen
una porción de la vegetación nativa intacta para su conservación.
Bibliografía
- Administración de
Parques Nacionales. 2001. Plan de Gestión
Institucional.
- Carpinetti, B.
2005. De
- Fundación Pro-Yungas. 2007. Diagnóstico
socio-ambiental del Parque Provincial Potrero de Yala y su
área de influencia.
- Ley Nacional
N° 22351- “Ley de Parques y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales”.
- Ley
Nacional N° 22331 “Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos”
- Administración
de Parques Nacionales. Noviembre 2009. PLAN DE
GESTIÓN PARQUE NACIONAL CALILEGUA Provincia de Jujuy.
Reserva de Biosfera de las Yungas. Versión para el Expediente N° 1190/09. Ministerio de Medio Ambiente.
- http://www.greenvest.org/arp/argentina_historia_de_las_aps.php
